La ley 15.848 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (popularmente conocida como ley de caducidad), es una ley vigente en Uruguay mediante la cual se estableció que los delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura cívico-militar (1973 - 1985) (incluyendo las múltiples violaciones a los derechos humanos) quedaran amnistiados.
En 1989, luego de una campaña de recolección de firmas y adhesiones a cargo de los movimientos sociales y políticos relacionados con la izquierda, se votó en un plebiscito con el objeto de derogar dicha ley.
La votación fue llevada a cabo el 16 de abril de 1989, determinando finalmente la victoria del llamado "voto amarillo" (por el color de la papeleta), que mantenía vigente la Ley de la Pretensión Punitiva del Estado, por un margen de 57% contra 43% en favor del "voto verde". Esta decisión popular implicó un debate ético en la ciudadanía causando no pocas divisiones y llevó a que los siguientes gobiernos dieran por solucionada la problemática sobre las violaciones de los derechos humanos en Uruguay.
Con la llegada al gobierno del Frente Amplio en 2005 se ha reabierto la discusión en torno a la Ley de Caducidad. Aunque el gobierno del FA ha mantenido una política de cumplimiento con la Ley de Caducidad, ha hecho énfasis en aquellos artículos que abren la posibilidad de investigar, permitiendo incluso a la justicia juzgar casos cuya afectación a la ley ha sido motivo de discusiones.
El gobierno frenteamplista impulsó, por unos meses en 2005, la posibilidad de establecer una ley interpretativa de la norma para permitir juzgar algunos casos en los que participaron civiles o que están fuera del período de la dictadura, aunque ello no prosperó.
El PIT-CNT, familiares de detenidos desaparecidos, el semanario Brecha, y algunos grupos frenteamplistas (PCU, NE, PVP), desarrollaron una campaña para anular la ley que, según ellos, viola convenios internacionales sobre derechos humanos que Uruguay ha ratificado y además es nula porque reconoce la presión militar como fuente del derecho. La dificultad política presentada era que el partido de gobierno, en su último Congreso anterior a las elecciones de 2004, decidió no anular la ley de caducidad por considerarla un tema polémico que podía traer perjuicios electorales.
El día 4 de setiembre del año 2007, en el Teatro El Galpón, se lanzó una campaña de recolección de firmas impulsada por las organizaciones mencionadas con la finalidad de plebiscitar la anulación de la "ley de impunidad" (título dado por sus detractores). Para ello se necesita alcanzar una cantidad de firmas correspondiente al 10% de los habilitados para votar (aproximadamente 250.000 personas).
En diciembre de 2007, el congreso del Frente Amplio decide apoyar la campaña de anulación de la ley de caducidad. Se anuncia que este apoyo no contradice los lineamientos preelectorales de no anular la ley ya que no se toma la vía de anulación directa en el parlamento, sino la de consulta popular mediante un plebiscito.
Las encuestas divulgadas en setiembre de ese año marcaban que los uruguayos decididos a votar afirmativamente la anulación se situaban en un 40% de la población y los que se expresaban por mantenerla en un 31%, de lo que se desprende que el resultado final del referendum aún es incierto.
A mediados del mes de diciembre de 2008 la campaña por la recolección de firmas había logrado alrededor de 180.000 adhesiones para realizar el plebiscito.
De conseguirse la cantidad de firmas necesarias, el plebiscito se realizaría con las próximas elecciones nacionales uruguayas, en 2009.
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